En su opinión, “esta ley es el marco de protección de la infancia más ambicioso de la Unión Europea y posiblemente del mundo”, por delante incluso de la estrategia nacional de Noruega. "Primero por su carácter integral", explicó, ya que "abarca a la familia y a la escuela, pero también a centros deportivos y de ocio y a todos los espacios donde están los niños".

En segundo lugar, Conde destacó su enfoque de "prevención y de protección, que va mucho más allá de perseguir al agresor".

"España puede convertirse en el país número uno del mundo en protección de los niños y niñas", resaltó el pianista británico James Rodhes, que sufrió violencia sexual y es uno de los promotores de la iniciativa. "Nos ha costado más de 12 años llegar hasta aquí, y aún tendremos que trabajar un poquito más", señaló en referencia al trámite que la ley deberá afrontar en el Senado.

Conde y Rodhes insistieron en la necesidad de que la tramitación continúe mediante el procedimiento de urgencia, reduciendo los plazos a la mitad. De ser así, podría ser publicada en el BOE en junio. "¡Sería tan emocionante!", señaló Rodhes, que espera poder "celebrarlo pronto".

CONSENSO

El pianista se felicitó por el amplio consenso con que el proyecto de ley contó en su primera votación en la Comisión del Congreso. “Creo que es el único asunto en que PSOE y PP están de acuerdo”, bromeó, y “eso demuestra que no es política, sino algo mucho más importante”. Por ello, llamó a todos los grupos a respaldar el proyecto de ley y a tramitarlo con celeridad. "Piensen en sus hijos e hijas", les aconsejó.

A su paso por la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, el proyecto de Ley obtuvo un amplio respaldo de los grupos parlamentarios. PSOE, Unidas-Podemos, PP, Más País y Ciudadanos lo apoyaron; ERC y EH Bildu se abstuvieron, y solo PNV y Vox votaron en contra.

Los grupos nacionalistas critican que la futura Ley “invade las competencias de las comunidades autónomas”, idea que rechazó la directora de Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

“Es una ley orgánica que regula derechos fundamentales y, por tanto, debe ser estatal", declaró. A su juicio, “concede un papel muy importante a las comunidades autónomas” y, de hecho, ”los grupos nacionalistas han participado en su elaboración y comparten su espíritu”.