En un nuevo comunicado oficial, la compañía garantiza que es “totalmente apolítica, sin vinculación ideológica ni de otra índole con los gobiernos de los países a los que vuela” y apela a que “impere el sentido común y que sus accionistas y los más de 2.500 empleos -directos e indirectos- que genera puedan ejercer su actividad con normalidad”.

El préstamo de la SEPI “ha levantado una campaña de claro índole ideológico y partidista que está dañando la reputación y honorabilidad de los accionistas y empleados de la aerolínea española”, denuncia, exigiendo que se “deje de utilizar como arma arrojadiza” en la batalla política con “continuos e injustificados ataques”.

Plus Ultra afirma que su objetivo “principal y único” ha sido crear conexiones y unir personas entre España y Latinoamérica desde su fundación, subrayando que tanto su capital como el Consejo de Administración es “mayoritariamente español”.

“Algunos miembros del accionariado son, en efecto, venezolanos y/o tienen doble nacionalidad española-venezolana. Pero esto no justifica, en ningún caso, las acusaciones improbadas de relación o trato de favor con gobierno o régimen político alguno”, agrega.

Al respecto la compañía garantiza que sus relaciones con las autoridades venezolanas, al igual que con las españolas y las del resto de países en que trabaja, “no van más allá de las lógicas y necesarias para poder operar su negocio, en la misma o incluso menor medida en que lo hacen otras empresas españolas con negocios es estos países, entre las que se encuentran algunas de las mayores firmas del Ibex 35”.

En esta línea niega “rotundamente que la empresa, sus accionistas o consejeros mantengan o hayan mantenido una vinculación contractual o personal con los funcionarios” del poder ejecutivo en Venezuela con las que se les ha vinculado.

“Los accionistas y consejeros de la empresa no han formado parte del gobierno venezolano ni de un ente público en ese país, habiendo ejercido su profesión o actividad en el sector privado”, concluye, saliendo en defensa de sus accionistas, de origen venezolano. “Se trata de empresarios que han decidido invertir parte de su patrimonio en España, generando empleo y contribuyendo al desarrollo de la economía del país”, afirma, advirtiendo de que “situaciones injustas” como la que asegura sufrir “no benefician a nadie y lo único que consiguen es perjudicar innecesariamente la imagen de nuestro país como posible destino de inversiones”.