Fuentes socialistas consultadas por Servimedia apuntaron que se trata de un “cohecho como la copa de un pino”, según lo tipificado en el Código Penal, porque la “dádiva es el cargo”, en referencia a que esos parlamentarios que inicialmente firmaron la moción de censura contra López Miras se retractaron y luego entraron a formar parte del Ejecutivo regional.

La denuncia se dirige contra Isabel Franco, Antonio Sánchez, María del Valle Miguélez y Francisco Álvarez, y enumera los hechos desde la presentación de la moción de censura por parte del PSOE y Ciudadanos, y el posterior anuncio del presidente regional del cese de los consejeros del partido de Inés Arrimadas, que hasta ese momento eran sus socios de Gobierno.

El texto de la denuncia sigue relatando la sucesión de hechos, con el fracaso de la moción de censura porque “tres diputados de Ciudadanos rompieron la disciplina de voto y votaron en contra de la moción”, algo que no solo carece de relevancia pena, sino que está avalado por el Tribunal Constitucional, señala.

Sin embargo, añade, “esto no es óbice para que las distinta fuerzas políticas hayan asentado unas bases de carácter más ético y moral que impidan que la libertad de los representantes electos lleven al extremo su libertad de voto de forma que lo conviertan en una suerte de herramienta corrupta que pueda ofrecer a cambio de algo”.

El PSOE subraya en su denuncia que el pacto contra el transfuguismo considera ese fenómeno “una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas”. Además, define a los tránsfugas como los representantes que, “traicionando al sujeto político que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”, así como a los integrantes de una coalición que abandonen, se separen de la disciplina o sean expulsados del partido coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso".

Prosigue el PSOE recordando que el 13 de marzo Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez fueron expulsados de Ciudadanos, y que ya el día previo la que había sido candidata en la moción fracasada, Ana Martínez, denunció públicamente el “intento de compra” por parte del PP. La “contraprestación” por cambiar el voto, asegura, son los 75.630 euros de retribución del cargo de consejero regional, según los presupuestos de 2020.

Los socialistas consideran que los hechos ocurridos en Murcia esos días encajan con los delios de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 421 del Código Penal, el cohecho pasivo impropio, tipificado en el 420, y prevaricación administrativa, del 404, este último cometido por López Miras al proceder a nombramientos “antijurídicos” por perseguir fines “espurios”.