Así lo indicó el ministro durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados a la que acudió para informar del estado de implementación de las recomendaciones de esta Comisión.

Escrivá expuso que, para alinear la edad efectiva y la edad ordinaria de jubilación, se propone modificar el esquema de coeficientes reductores de la pensión de jubilación anticipada voluntaria -que puede adelantarse hasta 24 meses- y en lugar de que se apliquen trimestralmente, se haga mensualmente y sobre la cuantía de la pensión. En la mayoría de los casos, los coeficientes propuestos son inferiores a los actuales y superiores para quienes se jubilen 23 y 24 meses antes y uno, dos y tres meses antes.

En concreto, para quienes tienen menos de 38 años y seis meses cotizados, el esquema actual oscila entre el 2% y el 16% de reducción, según se anticipe la jubilación menos o más meses, y los nuevos coeficientes van del 3,26% al 21%.

Para aquellos con más de 38 años y seis meses cotizados y menos de 41 años y seis meses, los nuevos coeficientes propuestos oscilarían entre el 3,11% y el 19%, frente a la horquilla del 1,9% y el 15% actual, siendo también más elevados en los extremos.

Entre los 41 años y seis meses cotizados y los 44 años y seis meses, los coeficientes propuestos se mueven entre el 2,96% y el 17%, frente a los actuales de 1,8% a 14%.

En el caso de quienes tienen cotizados más de 44 años y medio, los nuevos porcentajes se sitúan entre el 2,81% y el 13%, cuando con el sistema vigente van del 1,6% al 13%.

“Pequeñas modificaciones del comportamiento de la edad de jubilación que puede afectar solo meses puede tener importantes efectos agregados sobre el sistema en su conjunto”, explicó Escrivá, que incidió en que “en la mayoría de los casos los coeficientes desincentivadores se reducen”.

El ministro también dijo que se establecerá un periodo transitorio de seis años para alinear los coeficientes de las pensiones que teóricamente están por encima de las máximas y se aplicarán los coeficientes reductores por causa no imputable al trabajador para los supuestos en los que la persona que se jubila anticipadamente de forma voluntaria esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace al menos de tres meses.

El ministro también indicó que se revisarán los coeficientes de la jubilación anticipada involuntaria en línea con los de la voluntaria, de forma que también pasarían a ser mensuales, menores en la mayoría de los casos y con un mejor tratamiento para las carreras de cotización más extensas.

JUBILACIÓN DEMORADA Y PARCIAL

Por otra parte, Escrivá expuso sus propuestas para incentivar el retraso de la jubilación. Una opción es recibir un pago único que sería de casi 11.000 euros al año para carreras inferiores a los 44 años y medio y pensión máxima, cuantía que se incrementaría un 10% para los trabajadores con carreras más largas, con lo que superaría los 12.000 euros.

Otra opción consiste en recibir el incentivo en forma aumento mensual de la pensión, del 4% por año de retraso, o como tercera opción combinar ambas modalidades de pago único e incremento mensual.

En cuanto a la jubilación parcial, el planteamiento del Ministerio es posibilitar que se concentre hasta el 60% de la jornada el primer año, con la posibilidad de que en algunas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros se pueda acumular totalmente al inicio.

Respecto a las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos, Escrivá indicó que la intención es no aplicarla hasta los 68 años y para los convenios que hayan incluido las cláusulas bajo la normativa actual se pondría en marcha después de que termine la vigencia del convenio y existiría un periodo transitorio de un año.

Escrivá indicó que más de un millón de trabajadores estarán afectados por esta cláusula en este año. “Esto es central” para que el resto de medidas puedan materializarse para quienes pretenden seguir más tiempo activos en el mercado laboral, según dijo Escrivá.

Por último, el ministro hizo referencia a la asunción de los llamados “gastos impropios” de la Seguridad Social por parte del Estado para señalar que queda pendiente definir el calendario para los gastos que quedan pendientes de traspasar, del 20%, y con ello, se elimine el déficit de la Seguridad Social en 2023.