Su indicación la realizó durante el foro ‘Wake Up, Spain!' organizado por ‘El Español’ e Invertia, donde señaló que dichas reformas de mayor calado pasan por “modernizar la negociación colectiva”, “simplificar los tipos de contrato” o “por establecer un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas”.

Para su concreción apostó por diseñarlas con “un acuerdo amplio” y un “gran apoyo político y social porque solo así garantizaremos que las reformas se ponen en marcha, son eficaces y permanecen en el tiempo”.

Enmarcó los cambios dentro de las reformas contenidas dentro del Plan de Recuperación que se enviará a Bruselas a finales de mes y que, más “a corto plazo”, también contempla acciones como “hacer un plan de choque contra el desempleo juvenil, modernizar y digitalizar el SEPE y modernizar las políticas activas de empleo”, o llevar al Consejo de Ministros la nueva regulación de los raiders - repartidores de las plataformas digitales-.

Al ser cuestionada sobre los eventuales desencuentros con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en esta materia, Calviño lamentó que durante los tres años de Gobierno “todo el mundo intenta buscar razones de conflicto” y mayores “discrepancias” dentro del Ejecutivo, cuando la realidad es que se ha conseguido una “política económica coherente”, “marcada por la responsabilidad, el equilibrio” y “la prudencia”.

“Dentro de esa política económica coherente hay un acuerdo clarísimo dentro del Gobierno sobre cómo tenemos que abordar un paquete de reformas de modernización del mercado laboral”, reivindicó, conminando a observar que se ve en el “discurso de todos los miembros del Gobierno”.

“Es muy positivo que, más allá de lo que pueden haber sido eslóganes o posiciones más extremas en el pasado, hay una visión compartida, además compartida con los agentes sociales, de que tenemos que modernizar, mejorar el funcionamiento de nuestro mercado laboral, tener ese nuevo consenso social que nos permita crecer en el futuro de una manera más sostenible desde el punto de vista económico y financiero, pero también desde el punto de vista medioambiental y social”, agregó.

Al respecto, indicó que el país arrastra, “desde hace décadas”, problemas en el mercado laboral que hay que resolver, como es la existencia de “una altísima tasa de paro estructural, con una altísima tasa de desempleo juvenil, una muy alta temporalidad que lo que lleva es a la precariedad y la dualidad”.

“Este es uno de los elementos en los que hay un acuerdo casi unánime en España que tenemos que cambiar: No podemos resignarnos a seguir teniendo una tasa de desempleo, de temporalidad y de desempleo juvenil desproporcionadamente alta en comparación con el resto de los países europeos”, abundó, detallando que la “ambición” es “modernizar todos estos elementos del mercado laboral para que podamos alinear nuestras cifras a las de los países más avanzados en Europa” y eso supone un tema de gran complejidad porque se precisa tocar muchos campos y teclas.

ERTE

Al ser preguntada por la potencial extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o su transformación, apuntó que “las dos cosas no son incompatibles”, recordando que este mecanismo de flexibilidad ha demostrado su utilidad “para preservar el empleo” y “apoyar a las empresas”.

“Ahora que hemos dejado atrás este trimestre tan duro y que ya encaramos la transición hacia la reactivación y la recuperación en la segunda parte del año, tenemos que volver a adaptarlos para que acompañen esa reactivación y favorezcan la reincorporación de los trabajadores”, apuntó.

Al respecto, señaló que sería la cuarta adaptación para que acompañen la reactivación y la fomenten después de que en una primera etapa sirvieran como herramienta de choque para proteger a los empleados sin actividad, luego se adaptaron para “impulsar la reincorporación de los trabajadores” y en una tercera y última fase se hayan concentrado en apoyar a los sectores súper protegidos.

En cuanto a la salud de las finanzas públicas, reconoció que la respuesta a la pandemia “ha exigido una acción fiscal muy decidida, necesaria” y “buena”, puesto que “ha permitido proteger al tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias”, pero que obligará también a emitir en torno a unos 150.000 millones de euros de deuda adicional entre 2020 y 2021.

A pesar de esta situación provocada para paliar los efectos de la Covid, Calviño aseguró que el Gobierno “está comprometido con la responsabilidad” y con la reducción del déficit y la deuda. A título de ejemplo recordó que el pasado año se logró precisamente cerrar con un déficit del 10,1% del PIB, “significativamente por debajo” del previsto, gracias a una menor recaudación fiscal y menores gastos públicos, e indicó que será la senda también en el 2021.

“Queremos seguir en esta misma dinámica en 2021”, apuntó, y para ello refirió que “la prioridad tiene que ser crecer, vacunar, vacunar, vacunar, crecer, crecer, crecer”. Se trata, dijo, no solo de rebotar en la segunda parte del año, sino de conseguir “una recuperación sostenida y sostenible” de la economía, que “favorecerá” también por derivada “el que podamos acelerar una senda de descenso de los ratios de déficit y deuda pública en los próximos años”.