“Parece que nuestro Gobierno se siente con legitimidad para poner todo en cuestión, desafiar nuestro marco normativo y, en ocasiones, desafiar a nuestro Estado de Derecho con una deriva absolutamente totalitaria”, afirmó Pérez-Sala en este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

El presidente de la organización empresarial advirtió de que “si el marco jurídico no se respeta, la inversión española no llegará, y los inversores europeos no tendrán ningún interés en venir adonde es posible que ese marco jurídico no se respete”.

Pérez-Sala abundó en sus críticas al Ejecutivo y a los partidos que le sustentan: “El Estado de Derecho se basa en el cumplimiento de la ley, y que los partidos que están apoyando al Gobierno realicen un ataque sistemático a las instituciones, deteriora gravemente la calidad demócratica de nuestro país y provoca una situación de desconfianza en nuestro sistema. Es importantísimo respetar la separación poderes, la Jefatura del Estado y el control parlamentario, y no supeditar la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios a los intereses de los gobernantes”.

En relación con la Casa Real, sostuvo que tanto Juan Carlos I como como Felipe VI “han desempeñado sus responsabilidades institucionales de forma absolutamente impecable” y “desprestigiar a la Corona significa atacar la estabilidad de nuestras instituciones y desprestigiar la imagen de España en el mundo". "No se me ocurre mejor jefe del Estado para España que Felipe VI”, apostilló.

Respecto a la gestión de la pandemia de Covid-19, el empresario cree que el estado de alarma debe acabarse pero hace falta una regulación que no genere inseguridad jurídica. “La sensación que tenemos todos es de desamparo, que existe una absoluta confusión sobre las medidas que toman el Gobierno, la UE y las comunidades autónomas”, agregó.

“LEYES DISPARATADAS”

Preguntado por las elecciones autonómicas en Madrid, el socio director del Grupo Perseo afirmó que tendrán “consecuencias imprevisibles” ahora mismo para el devenir de la política regional y nacional, pero lo que le interesa al Círculo de Empresarios es “que quien gane no introduzca leyes disparatadas”, regulaciones ni imposiciones, sino que respete la libertad de mercado.

En cuanto a la situación política en Cataluña, comentó que le “preocupa”. “Es enormemente preocupante”, subrayó, “que pasen los años y los problemas no se resuelvan, las actitudes sean las mismas y los partidos sigan intentando un viaje a ninguna parte cuyo resultado no es otro que la miseria de los catalanes y los españoles”.

En su opinión, “navegamos por aguas complicadas y el rumbo no es el adecuado”. “En el Círculo somos constitucionalistas, queremos un Gobierno en Cataluña que respete la Constitución y que permita crear un marco estable donde empresas y ciudadanos puedan vivir en libertad”, señaló Pérez-Sala.

CONSENSOS

En el encuentro informativo, Alberto Terol, vicepresidente del Círculo de Empresarios, defendió una reforma de las pensiones diciéndole la verdad a los ciudadanos, “sin tratarles como a menores de edad” y contándoles a las claras las carencias del actual sistema. También abogó por que “no se toque la reforma laboral vigente, sino que se amplíe”.

Carmen Mateo, presidenta de la consultora Cariotipo MH5, dijo que España está cayendo en rankings internacionales que miden la transparencia de los países, debido a su “opacidad” en asuntos como el traslado de inmigrantes en Canarias, la destitución de mandos policiales que alertan de la pandemia o por no dar a conocer los nombres de la comisión de expertos de la primera ola de la pandemia.

Ahora llega el rescate a la aerolínea Plus Ultra, cuyos dueños han sido vinculados con el régimen venezolano, “y son datos preocupantes que pueden socavar la confianza en nuestro país y nuestra recuperación económica”, remarcó Mateo.

Isabel Dutilh, socia de Argali Abogados, denunció que el Gobierno hace “un uso exacerbado del real decreto” y “legisla cambiando las reglas de juego” de forma retroactiva, creando “una inestabilidad y una politización del marco normativo que afecta a la economía”.