Así se recoge en el informe ‘Radiografía del arrendador en España. ¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?’, realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), publicado este jueves y don concluye que el 40% de los arrendadores defiende que la actuación de las administraciones fomenta que se mantengan los precios altos.

Sin embargo, estarían dispuestos a aceptar medidas intervencionistas para bajar el precio de los alquileres solo si ellos reciben una contraprestación. Por ejemplo, el 75% las aceptaría con la condición de “agilizar notablemente los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible”. De hecho, más del 60% consideran que una reducción en el plazo de los desahucios en caso de un impago “aumentaría la oferta de viviendas en alquiler porque daría mayor seguridad jurídica a los arrendadores”.

En la misma línea, más del 70% apoyaría medidas intervencionistas si pudiera consultar los antecedentes de morosidad en bases de datos oficiales o si se pudieran aumentar las garantías que se exigen a los inquilinos y el 67% a cambio de una mejora en la fiscalidad de los arrendadores.

Ante una posible bajada del precio del alquiler, el 32% de los propietarios considera que su poder adquisitivo disminuirá mientras que el 36% “ve atacada su libertad de decisión” aunque en el lado contrario, el 32% piensa que estas medidas son necesarias para que haya un mayor acceso a viviendas de alquiler y el 36% creen que ayudará a evitar la especulación.

CONGELAR LAS RENTAS

El 66% de los propietarios apoyaría congelar la renta durante cinco años con la condición, de nuevo, de poder recuperar de forma rápida su vivienda: piden un plazo de dos meses en caso de que exista impago por parte del inquilino.

Si se pudiera consultar los antecedentes oficiales de morosidad lo apoyaría el 53% y más de la mitad de los propietarios estarían de acuerdo siempre que fuera posible aumentar la garantía solicitada al inquilino.

Con todo, el 42% admite que la intervención del Estado a través de la congelación de rentas durante cinco años haría bajar el precio de los alquileres.

PRECIOS

Un 62% de los propietarios considera que los precios son “altos o muy altos”. Por su parte, el 62% y el 57%, respectivamente, cree que medidas como exigir a los inquilinos garantías y avales por dos meses de renta o actualizar anualmente con el IPC son insuficientes y el 80% de los propietarios demandan incentivos fiscales del Estado para aumentar la oferta.

Según el 78%, agilizar el plazo de los desahucios por impagos de renta contribuiría a bajar el precio y el 67% está a favor de aumentar la oferta pública de vivienda.

SUSPENSIÓN DESAHUCIOS

El 68% de los dueños cree que el Decreto Ley que suspende los desahucios durante el Estado Alarma provoca “gran inseguridad para los inversores y es un ataque a la propiedad privada”. Algo menos, el 65% cree que “incentiva la ocupación”.

El 69% lo ve como “el resultado de la incapacidad de las instituciones públicas para proporcionar vivienda social a las personas vulnerables”.