“Esta consulta pone de manifiesto la enorme preocupación de los jóvenes por no poder emanciparse y la urgencia de garantizar el derecho a la vivienda, sin más retrasos ni hipocresías”, según dijo la directora del Instituto de la Juventud de España (Injuve), María Teresa Pérez, también de Unidas Podemos.

Según el estudio realizado por el Ministerio, nueve de cada diez jóvenes de hasta 35 años apoya que el Gobierno regule el precio de los alquileres. Las discrepancias en el seno del Gobierno sobre esta medida han sido totalmente públicas y notorias, ya que el PSOE, que tiene las competencias en vivienda, no cree en la regulación y prefiere incentivos fiscales.

De hecho, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, planteó a finales de marzo que la ley de Vivienda incorporara bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen el precio del alquiler, sobre todo si sus inquilinos son jóvenes.

Sin embargo, Unidas Podemos considera que la propuesta de sus socios socialistas es un "incumplimiento flagrante" del acuerdo firmado por ambos partidos para formar Gobierno, y apuesta por una regulación de precios.

Sea como fuere, la realidad es que el 46,4% de los jóvenes españoles entre 25 y 34 años aún vive con sus padres, según datos de Eurostat. Esto convierte a España en el sexto país de la Unión Europea con más jóvenes que no han abandonado el nido paterno en un contexto de precariedad laboral marcada por la temporalidad y los bajos salarios. A finales de 2019, sólo el 18,7% de la juventud española se había emancipado.

De hecho, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), la mayoría de los jóvenes de hasta 29 años tendría que dedicar un 90,7% de su salario para alquilar una vivienda. En Cataluña, Baleares y Madrid, el coste de acceso a una vivienda libre en alquiler superaría el 100% de sueldo; es decir, es materialmente imposible que los jóvenes de estas regiones se emancipen en solitario.

La compra de vivienda también se antoja imposible para la mayoría de la juventud, ya que deberían tener un salario de 1.935,57 euros mensuales para poder comprarse una vivienda sin destinar más de un 30% de sus ingresos; es decir, tendrían que cobrar exactamente el doble (101,41% más) de lo que ingresan ahora, según datos del CJE.

La única opción para los jóvenes con empleo es, según el informe del Observatorio de Emancipación, compartir piso. Esto costaría a cada joven una media de 287,45 euros (el alquiler medio de una habitación), es decir, un desembolso del 29,9% de su salario, cuando el porcentaje máximo de ingresos que una persona puede dedicar a la vivienda es un 30% para poder afrontar el resto de gastos. Una vivienda entera de alquiler supondría para un trabajador joven el 44,3% de su salario con importantes diferencias entre comunidades autónomas, lo que resulta prácticamente imposible.