Según informó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en una nota de prensa, entrará en vigor el próximo 2 de abril, eliminará definitivamente la superposición de regímenes jurídicos distintos y facilitará a ciudadanos, empresas y administraciones el desarrollo reglamentario básico en un solo texto. Con ello, “se logra una importante labor de sistematización y ordenación, con un notable esfuerzo de simplificación de conceptos técnicamente complejos”, según la nota.

El reglamento “profundiza en el objetivo de contar con una administración pública digital, moderna, accesible y personalizada”, consolida la normativa relativa a servicios electrónicos a la ciudadanía y empresas e impulsa el uso y los beneficios de la digitalización en la administración. Por ejemplo, facilitará que los ciudadanos no tengan que volver a aportar información de la que ya disponga la propia administración, que puedan consultar las notificaciones en una dirección de notificaciones única y que puedas acceder a un punto único de información a través del PAGe (Punto de Acceso General electrónico).

En concreto, busca facilitar la relación de los ciudadanos por medios electrónicos con la administración, la obligatoriedad de esta relación de las personas jurídicas y algunas categorías de personas físicas y la tramitación electrónica de los procedimientos como actuación habitual de las administraciones públicas. Éstas contarán con un archivo electrónico de expedientes que correspondan a procedimientos finalizados y todas las notificaciones se realizarán por medios electrónicos salvo que se trate de personas físicas no obligadas a ser notificadas electrónicamente.

MÁS SEGURIDAD JURÍDICA

También persigue el objetivo de que las administraciones se relacionen entre sí por medios digitales, lo que supondrá crear sedes electrónicas o sistemas de firma de sello o código seguro de verificación; desarrollar el Punto de Acceso General electrónico (PAGe) y la Carpeta Ciudadana en el Sector Público Estatal, y facilitar que los servicios digitales sean utilizables, accesibles e intuitivos.

Este reglamento da cumplimiento de una de las reformas recogidas en el ‘Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia’ para el primer semestre del año.

“Incrementará la seguridad jurídica, así como la predictibilidad” de la actuación de las administraciones públicas; favorece la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad; refuerzae los derechos individuales como el acceso rápido, eficaz y eficiente a los servicios públicos a través de los medios electrónicos, y reduce la huella de carbono al eliminar papel, impresión y procesos logísticos.