A juicio de Más Madrid, estos hechos podrían ser constitutivos de infracciones administrativas en virtud de lo establecido en la Ley de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid.

Esta formación pide que se ordene “incoar el correspondiente procedimiento sancionador, y que en la resolución que recaiga en el mismo, además de las sanciones que procedan, se imponga al infractor la obligación de reparar el daño causado, y subsidiariamente, que indemnice los daños y perjuicios que no puedan ser reparados, imponiéndose al infractor las multas coercitivas necesarias para cumplir lo ordenado, en caso de no realizar voluntariamente la reparación o indemnización impuestas”.

Asimismo, se expone en el escrito de denuncia, que “en base a la gravedad de la situación, la alarma social generada y los graves perjuicios que los hechos tienen (así como la imposibilidad de revertir sus efectos) se tomen medidas preventivas o cautelares, como se dispone en el apartado 2 del artículo 60 de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid".

“En concreto”, prosigue, "la clausura preventiva de los establecimientos, locales o instalaciones o la suspensión de su funcionamiento cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas o a la imagen turística de la Comunidad de Madrid que, consideramos, se puede estar produciendo en estos casos”.