El acuerdo, según indica el Ministerio de Justicia en una nota, tiene como objetivo permitir la prestación de este servicio por parte de los empleados públicos de Justicia de manera no presencial, asegurando el normal funcionamiento de dicha Administración y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía con las debidas garantías técnicas, procesales y normativas.

Además, se trata de un acuerdo que no es coyuntural, sino que supone el establecimiento de un marco regulatorio del teletrabajo, pensado no solo para la situación de pandemia, sino también para un contexto de “normalidad”.

Así, según el Ministerio de Justicia, se crea un marco de “seguridad jurídica” para promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia, a la vez que, a su juicio, se favorece la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios de esta Administración.

Campo aseguró que “es un elemento significativo por lo que supone de modernidad”. “Algo por lo que venimos luchando desde hace tanto tiempo. Es un paso más. Pero uno importante”, celebró. Este texto también fue aprobado, por unanimidad, por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del pasado 18 de marzo.