Se trata de una de las conclusiones de la última oleada del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, donde subraya el retraso en poner en marcha acciones de recobro pese a que “el tiempo es el mayor enemigo de la eficacia en la recuperación de deudas”.

Que solo activen estos protocolos el 14% de las empresas nada más incumplirse el pago supone un ligero repunte frente al 13% del pasado año, pero se sitúa en uno de los porcentajes más bajos de la serie histórica, ya que antes del 2017 venía oscilando entre el 20 y el 22%.

Para Crédito y Caución, filial de Catalana Occidente, supone “un indicativo de que las empresas están reaccionando a las tensiones de liquidez de sus clientes generadas por la pandemia retrasando el inicio de las acciones de recobro para no deteriorar la relación comercial”.

Sin embargo, avisa de que posponer los mecanismos de recobro “implica un deterioro en la efectividad de las acciones de recuperación”. A pesar de ello, el estudio refleja una gran flexibilidad de los plazos de cobro, como parte de la relación comercial.

El 37% de las empresas permite a sus clientes retrasos en pagos de más de 90 días antes de considerar un crédito moroso, por encima del 32% que lo hacía el pasado año, aunque en esta ocasión sí está más en línea con los porcentajes precrisis, ya que oscilaban entre el 36 y 42% entre los años 2012 y 2018.

Cuando se inician las acciones de recobro, la inmensa mayoría de las empresas renuncia al cobro de intereses de demora. El estudio releva que el 54% de las empresas “no aplica nunca intereses de demora”, un 40% confiesa que lo hace a veces y solo un 6% lo tiene sistematizado, porcentaje también este último inferior al de los últimos años, donde en el año 2012 llegó a alcanzar el 22%.

Entre las empresas que aplican los intereses de demora, el 97%, el porcentaje más alto de la serie histórica, reclama además intereses por debajo de los que le corresponden legalmente.

El estudio analiza también el tipo de sistemas de recobro utilizados por las empresas y pone de manifiesto que solo un 3% acude a personajes disfrazados para provocar la notoriedad social del moroso, un 4% a proveedores que lo realizan de forma telefónica, el 28% lo pone en manos de despachos de abogados y un 10% lo hace a través de proveedores integrales (10%) que, como ocurre en el seguro de crédito, además de la fase amistosa, cubren la posible fase procesal.