El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, señaló en rueda de prensa que este decreto "contribuye a reforzar la seguridad nuclear" y "a establecer la protección física de los materiales nucleares".

Además, con este decreto se refuerza la cooperación internacional, especialmente en relación con las medidas urgentes a tomar para localizar y recobrar el material nuclear robado u objeto de contrabando, mitigar cualquier consecuencia radiológica de un sabotaje y tratar de impedir y combatir cualquier posible delito relacionado con estos materiales.

De esta manera, España adapta a la normativa española de protección de materiales nucleares, fijada mediante un Real Decreto de 1995, a los compromisos de adoptados en la última Enmienda introducida en la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares en julio de 2005. Los Estados integrantes de la Convención se comprometieron a reforzar de forma sustancial los controles sobre estos materiales.

La Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, hecha en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, entró en vigor el 8 de febrero de 1987 y fue firmada por España en Viena el 7 de abril de 1986 y ratificada, como Estado miembro del Euratom, el 6 de septiembre de 1991.

Los materiales nucleares y las fuentes radiactivas son utilizados en múltiples aplicaciones que van desde la generación de energía hasta su utilización en la medicina, la industria, la agricultura o la investigación. Dadas las peculiaridades de estos materiales, el concepto de seguridad en las instalaciones en las que son utilizados, o en su transporte, no se ha de limitar a la que se conoce como seguridad tecnológica u operacional, sino que hay que tener en cuenta también otros aspectos, como son los relativos a la protección física de estas instalaciones y de estos materiales, cuyo objeto principal es impedir que estas instalaciones o materiales puedan ser objeto de sabotaje, robo o desvío para uso indebido.