En un comunicado, Foment destacó que el recurso del PP está en línea con un dictamen elaborado por la propia patronal catalana, que, junto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), trasladó al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

En concreto, el recurso del PP pide al Tribunal Constitucional que declare inconstitucionales dos preceptos de la Ley de Presupuestos de 2021: el artículo 66, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio, del 2,5% al ​​3, 5%; y la disposición derogatoria primera, que otorga carácter indefinido al tributo.

En palabras del presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, el Impuesto de Patrimonio “es un tributo confiscatorio, injusto, que atenta contra la libertad de la propiedad privada de los contribuyentes españoles”. “No es justo gravar el patrimonio con un 3,5% después de haber pagado una renta, cuando la rentabilidad de las Letras del Tesoro es del -0,5%”, añadió.