Según informó este viernes la Policía, el fraude, que podría ascender en total a cerca de 6,4 millones de euros, se articulada a través de dos tramas.

La primera era grupo de doce empresas dedicado mayormente a la explotación de negocios de hostelería y, en menor medida, a la explotación de tiendas de venta de ropa al por menor. La segunda trama era un grupo de siete empresas, tres de ellas patrimoniales, que realizaban grandes adquisiciones inmobiliarias.

Las investigaciones comenzaron en febrero de 2020, tras recibir varios escritos de la Tesorería General de la Seguridad Social en los que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones irregulares presuntamente llevadas a cabo por los administradores de distintas mercantiles con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Málaga, Estepona y Fuengirola.

ELUDÍAN PAGAR LA DEUDA

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y los bienes de las sociedades investigadas.

Los agentes han podido determinar la participación delictiva de 14 personas físicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, siéndoles imputados los delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y frustración de la ejecución.