El magistrado, a la espera de conocer los argumentos del pleno de la Sala de lo Penal, sigue considerando más verosímil que las teorías alternativas la línea de investigación desarrollada por su juzgado, que atribuye la delación al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, al que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo y al inspector de Vitoria José María Ballesteros, según informaron fuentes jurídicas.

Aún así, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, si así lo expresa el auto que dictará en los próximos días la Sala de lo Penal, está dispuesto a indagar en otras líneas de investigación, como la que sugiere que el chivatazo pudo surgir del propio jefe del operativo contra el aparato de extorsión de ETA, el comisario de la Policía Nacional Carlos Germán, quien fue posteriormente el responsable de la investigación policial del “caso Faisán”.

Si finalmente la investigación no arroja nuevas luces al caso, el magistrado también contempla la posibilidad de concluir el sumario sin acusar a ninguna persona en concreto para que sea la Sala de lo Penal quien decrete el archivo de la causa.

IMPUTACIÓN POR COLABORACIÓN

Las fuentes consultadas señalaron que Ruz ha asumido con profesionalidad la decisión adoptada por unanimidad por los 14 magistrados que conformaron el pleno de la Sala de lo Penal, quienes le ordenaron retomar la investigación al considerar no existen indicios “suficientes” contra los hasta ahora procesados, quienes a pesar de ello continúan imputados por delitos de colaboración con ETA y revelación de secretos.

El juez entiende más acertado que el debate jurídico en el seno de la Sala de lo Penal se moviese en torno a estos argumentos jurídicos –la confirmación o revocamiento del auto de procesamiento- que si los magistrados hubiesen entrado a valorar si los hechos podían dar lugar a una acusación por delitos de colaboración con ETA y si, por lo tanto, la competencia para investigar el caso correspondía a la Audiencia Nacional o a la justicia ordinaria.

El auto de procesamiento dictado por Ruz el pasado 13 de julio y que ahora ha sido revocado por la Sala de lo Penal aseguraba que fue el inspector Ballesteros la persona que entregó a las 11.23 horas del 4 de mayo de 2006 a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) y presunto enlace del aparato de extorsión de ETA, un móvil.

El magistrado sostenía también que a través de ese móvil, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, alertó a Elosua de la operación que se iba a llevar a cabo contra el aparato de extorsión de ETA. Esta delación habría contado con la colaboración y connivencia del que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo.

PRUEBAS FUNDAMENTALES

El juez Ruz sigue considerando más verosímil está explicación de los hechos que las hipótesis alternativas y se apoya para ello en lo que considera que son las pruebas fundamentales: la grabación del exterior del bar “Faisán” de Irún del día de la delación, en la que aparece el inspector Ballesteros entrando al establecimiento, así como la primera declaración prestada por Elosua tras su arresto.

El magistrado entiende que esta primera declaración fue más sincera ya que Elosua no tuvo tiempo de preparar una “estrategia”. En ella, el dueño del “Faisán” situó la delación sobre las 11.20 horas de la mañana y explicó que, tras recibir el soplo, se dirigió a su despacho, lo que explicaría por qué tardó casi una hora en dirigirse a Francia para alertar a los responsables del aparato de extorsión de la operación policial que se iba a llevar a cabo. El comisario Carlos Germán señaló en una de sus declaraciones en la Audiencia Nacional que Elosua pudo acudir a su despacho para destruir los sellos de ETA y demás documentos que podían inculparle.