Rodríguez recordó que se trata de un inmigrante sin permiso de residencia que estaba trabajando sin contrato y que fue ingresado en el hospital de Hellín con la tarjeta de residencia de otro trabajador inmigrante que, presuntamente, entregó el empresario.

Explicó que una vez que el accidente se comunicó al 112, se pusieron en marcha inmediatamente los protocolos de actuación y comunicación habituales en cada accidente de trabajo. A partir de ese momento, la Inspección de Trabajo comenzó a investigar el caso.

La portavoz regional señaló que la decisión de iniciar acciones judiciales en este caso se debe a que el empresario concurre, presuntamente, en un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, en materia de contratación de trabajadores, así como de la normativa referida al trabajo de extranjeros, “y, por tanto, se trataría de un incumplimiento varias normas en materia laboral que, de ser así, no pueden ni deben quedar impunes”.

En este sentido, Rodríguez incidió en que si se demuestran estos incumplimientos caerán sobre este empresario las sanciones de la Administración laboral (Consejería de Trabajo y Empleo) pero también las sanciones penales que sean pertinentes.