En una de sus resoluciones, la Junta toma una decisión salomónica en relación con la denuncia presentada por el PSOE contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus intervenciones de los pasados 10, 15 y 17 de marzo en dependencias del Gobierno madrileño. En el caso de la primera y la última, la exime de cualquier reproche.

Sin embargo, la Junta Electoral Provincial estima que la rueda de prensa ofrecida el pasado 15 de marzo en la que hizo un repaso de sus logros frente a la pandemia y en la que llegó a pedir el voto supuso una infracción de la incurrió en una infracción del artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Dicho artículo establece que “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

La Junta afea el comportamiento de Ayuso y le hace saber que “debería tener más cuidado para no incurrir en este tipo de actuaciones”, y ordena retirar la grabación hecha pública de esa rueda de prensa hasta pasadas las elecciones. Pese a esta advertencia, la resolución señala que no se iniciará expediente sancionador alguno contra la presidenta regional y candidata del PP.

En otra resolución, la Junta estima la denuncia del PP de Madrid contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por el vídeo que lanzó en redes sociales para anunciar su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid al considerar que vulneraba “los principios de neutralidad, imparcialidad e igualdad”. Y estima que viola también el citado artículo de la Ley Electoral al grabar el vídeo desde se despacho de vicepresidente del Gobierno.

Haber hecho el anuncio en ese escenario, dice la Junta, puede hacer pensar en que el acto estaba organizado “directa o indirectamente” por un poder público y en que la cita de los logros de la vicepresidencia tenía calado electoral. Por ello, considera que Iglesias cometió una infracción electoral, pero no establece sanción alguna.