La norma, que entró en vigor en junio de 2019, fija nuevos requisitos mínimos de accesibilidad en toda la UE para productos y servicios tales como móviles, tabletas, ordenadores y sus sistemas operativos, televisores inteligentes o cajeros automáticos, entre otros, con el fin de reforzar el derecho de acceso a ellos de las personas con discapacidad.

De esta forma, se pretende que la nueva revolución digital sobre la que se están basando las economías de los países desarrollados no produzca la exclusión de las personas con discapacidad, especialmente en este periodo de reconstrucción económica en el que la Comisión Europea está tratando de construir un modelo económico digital y sostenible.

El texto, al ser una directiva, establece objetivos vinculantes de accesibilidad, pero deja a los Estados miembros de la Unión Europea decidir cómo quieren alcanzarlos, es decir, introduciendo una nueva legislación nacional o actualizando la existente para cumplir con la directiva.

Desde esta perspectiva, Cermi y Fundación ONCE han elaborado un documento tomando como base otro del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) que pretende “brindar a los defensores de la discapacidad herramientas y propuestas para impulsar una legislación nacional sólida y una implementación adecuada que cumpla con la Ley Europea de Accesibilidad”.

FAVORECER LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

En este sentido, las dos entidades piden al Gobierno que vaya más allá y aproveche la transposición de la directiva para mejorar aspectos relacionados con la accesibilidad de productos y servicios que no recoge la norma europea, pero que son importantes para las personas por afectar a ámbitos como la construcción, la salud o la educación.

Asimismo, sostienen que esta ley europea que nuestro país debe convertir en legislación nacional representa una oportunidad única para avanzar en el compromiso con la inclusión al que España se ha obligado al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, consideran que en el mundo de la transformación digital y ante el peligro real provocado por la brecha digital, se presenta una gran oportunidad para favorecer la accesibilidad universal y con ello la inclusión avanzando en aspectos clave relacionados con la accesibilidad del 112, los sistemas multicanales de atención al cliente, la exigencia de accesibilidad en temas esenciales que el Cermi viene reivindicando desde hace tiempo, vinculados a la infraestructura y los servicios de transporte, los servicios bancarios, la vivienda, los electrodomésticos o los servicios turísticos y los derechos de las personas con discapacidad consumidoras.

“Desde nuestro papel como sociedad civil seguiremos colaborando con el legislador para que este proceso de transposición responda a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias”, concluyen Cermi y Fundación ONCE.