Así lo afirmó hoy el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde calificó de “razonables, prudentes y alcanzables” los ingresos previstos por la Agencia, en el actual contexto económico.

Aludió, asimismo, al presupuesto con el que este organismo cuenta para 2010, según el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno. En total, 1.135 millones de euros (lo que supone un descenso del 6,1%) que no se pueden “descontextualizar”, sino que han de ser contemplados en el actual escenario de “ahorro y austeridad).

No obstante, el director general de la Agencia Tributaria auguró que esta cantidad se ampliará hasta los 1.445 millones de euros, de la mano de los créditos de los ingresos de la lucha contra el fraude.

En cuanto a la investigación sobre billetes de 500 euros que la Agencia realiza dentro del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, Pedroche apuntó que, desde 2007, ha recaudado un total de 586 millones de euros desde 2007 (311 millones de los cuales ya han sido ingresados por recaudación inducida).

Esta línea de investigación se ampliará a partir de 2010, ya que las entidades financieras deberán remitir datos sobre los movimientos en metálico de más de 3.000 euros que registren.

Pedroche explicó que, en la actual coyuntura de crisis, y para evitar el aumento de la economía sumergida, la Agencia “prefiere” dar un aplazamiento en el pago de los impuestos a los ciudadanos. De hecho, las peticiones de aplazamiento han tenido un crecimiento del 71% hasta el mes de julio: si en los siete primeros meses de 2008 el importe de estas peticiones ascendía a 6.000 millones de euros, este año asciende a 10.900 millones. De esta cantidad, ya se ha concedido el aplazamiento a un importe de 6.500 millones de euros.

El “contexto de dificultades de tesorería que atraviesan los contribuyentes” ha provocado, en este sentido, un aumento de la deuda, que se eleva a casi 37.000 euros.

De esta cantidad (aparte de los citados 6.500 millones), 1.800 millones se vinculan al crecimiento de las situaciones concursales; otros 12.300 millones están “garantizados en recursos pendientes por parte de distintas instancias jurídicas”; 9.500 millones están en fase ejecutiva de embargo; y 6.000 millones se están todavía notificando.