La reforma, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, superó en el Pleno del Senado su último trámite, y al haber sido aprobada sin modificaciones respecto del texto que ya había aprobado el Congreso de los Diputados, quedó definitivamente aprobada y pendiente solo de la publicación en el BOE para su entrada en vigor.

Como era previsible, y como ocurrió en el Congreso, la reforma contó con el apoyo de sus promotores y de algunos de sus aliados nacionalistas, mientras que el PP, Ciudadanos y Vox reiteraron sus votos en contra. Finalmente, 150 votos a favor, 108 en contra y 3 abstenciones permitieron ver la luz a esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los impulsores de la reforma, y así lo reafirmó el portavoz socialista Txema Oleaga, insisten en que es la consecuencia directa de la negativa del PP a renovar el CGPJ, lo que implica una vulneración de un mandato constitucional. "Es momento de apostar por un sistema de administración de justicia al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, una justicia limpia, que respete a sus profesionales", dijo, después de subrayar que ese órgano lleva más de dos años con su mandato caducado.

Acusó al PP de "vetar" la negociación "cuando no les gusta un juez, y eso es mandar un mensaje velado a jueces y juezas y magistrados y magistradas: ojo con meteros con el PP, ojo con causarnos problemas con vuestras sentencias porque entonces nos encargaremos de impedir la promoción y culminación de vuestras carreras. Y esto es algo intolerable en un sistema democrático".

Por el contrario, desde los partidos contrarios a la reforma reiteraron las acusaciones al PSOE y a Unidas Podemos de pretender violar la separación de poderes usurpando desde el Gobierno y desde su mayoría parlamentaria funciones que corresponden al Poder Judicial.

La aprobación de esta reforma llega después de que la negociación entre el PSOE y el PP para esa renovación se frustrara una vez más, y en un escenario, con la próxima celebración de elecciones en la Comunidad de Madrid y tras las mociones de censura fallidas en Murcia y en Castilla y León, en el que el entendimiento entre los dos principales partidos parece especialmente complicado.