La denuncia contra García Egea que avanzó esta mañana el todavía vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, al final se hará extensiva a todos los protagonistas seguros o probables del fracaso en la moción de censura que firmaron inicialmente los grupos parlamentarios regionales del PSOE y Ciudadanos pero de la que se apearon los diputados de esta segunda formación Isabel Franco (además vicepresidenta del Gobierno de Murcia), Valle Miguélez y Francisco Álvarez.

Lo anunció en rueda de prensa en el Congreso el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y secretario de Derechos Humanos de la Ejecutiva de Podemos, Jaume Asens, quien argumentó que, aunque “no todos los actos de transfuguismo son constitutivos de delito”, en este caso “consta que ha habido una compensación, una compra de voluntades a través del ofrecimiento de unos cargos públicos retribuidos”, los de consejeros que recibieron Miguélez y Álvarez tras anunciar que votarían en contra de la moción.

Para Asens, esto es “una compra en especie” y por tanto “un caso evidente de soborno”, que “merece un reproche no sólo social sino penal”, porque, si es grave comprar un solo voto, mucho más comprar “un escaño, que representa miles de votos”. En definitiva, considera que los denunciados formaron “parte de una trama de corrupción para comprar voluntades”, que “ha alterado el resultado previsto de una votación”.

Podemos aportará en su denuncia el acuerdo de la presentación de la moción de censura, firmado inicialmente también por Franco, Miguélez y Álvarez, y la rueda de prensa en la que López Miras anunció que nombraba consejeros a los dos últimos y añadía otra Consejería a las competencias de su vicepresidenta, porque en dicha comparecencia “se manifestó la motivación de ese cambio de posición”, que a juicio de Asens no tuvo que ver “con desavenencias o discrepancias, sino con un interés privado de las personas que deciden corromperse”.

En la denuncia, se aporta también jurisprudencia de casos de concejales que rompieron la disciplina de voto para votar “a favor de proyectos urbanísticos porque les ha comprado un constructor”, y se solicita a la Fiscalía que investigue las cuentas corrientes de los tres diputados de Cs, por si acaso, además de los cargos en el Gobierno murciano, han recibido cantidades económicas. Además, se personaliza en García Egea “un papel clave”, pues se desplazó expresamente a la región y participó en las negociaciones, por lo que “sería presuntamente autor de este delito (cohecho) en concepto de cooperador necesario o inductor”.