La denuncia contra García Egea que avanzó esta mañana el todavía vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, al final se hará extensiva a todos los protagonistas seguros o probables del fracaso en la moción de censura que firmaron inicialmente los grupos parlamentarios regionales del PSOE y Ciudadanos pero de la que se apearon los diputados de esta segunda formación Isabel Franco (además vicepresidenta del Gobierno de Murcia), Valle Miguélez y Francisco Álvarez.

Lo anunció el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y secretario de Derechos Humanos de la Ejecutiva de Podemos, Jaume Asens, quien argumentó que, aunque “no todos los actos de transfuguismo son constitutivos de delito”, en este caso “consta que ha habido una compensación, una compra de voluntades a través del ofrecimiento de unos cargos públicos retribuidos”, los de consejeros que recibieron Miguélez y Álvarez tras anunciar que votarían en contra de la moción.

Para Asens, esto es “una compra en especie” y por tanto “un caso evidente de soborno”, que “merece un reproche no sólo social sino penal”, porque, si es grave comprar un solo voto, mucho más comprar “un escaño, que representa miles de votos”.