Según informó la Policía, a los investigados -pertenecientes a comunidades como Madrid, Valencia y Castilla y León- se les imputa un delito contra la propiedad intelectual y defraudación de las telecomunicaciones. La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por una productora de televisión.

Los agentes procedieron a la investigación, en dos fases, de 168 establecimientos. Entre estos locales había bares, cafeterías, restaurantes y cervecerías, en los que se reproducía una señal de televisión destinada a uso doméstico.

El uso fraudulento se cometía al utilizar en estos locales las tarjetas inteligentes del canal afectado o la señal de televisión facilitada para su uso en domicilios particulares por operadores de cable. Esta señal está destinada a un uso residencial y se prohíbe expresamente el uso de la misma fuera de dicho ámbito.

La empresa defraudada dispone de un contrato específico para habilitar a los responsables de dichos establecimientos a emitir contenidos con una señal diferenciada y distinguida por un logo especial. El precio de acceso a dicha modalidad es superior al de los contratos para uso residencial. La emisión de esa señal vulnera los derechos de los legítimos titulares al hacer un uso fraudulento.

Con esta actividad se estaba ocasionando un importante perjuicio patrimonial a los titulares de la empresa de comunicación y a los responsables de las mercantiles que distribuyen el canal citado por cable. Además, incide de manera negativa sobre la imagen de la empresa afectada.