Y así se lo ha hecho saber al Ministerio de Sanidad, al que ha enviado ya sus alegaciones al proyecto de decreto. Confía en que reconsidere su decisión, para que finalmente la especialidad de Microbiología y Parasitología no sea incluida en el Tronco de Laboratorio y Diagnóstico Clínico, debiendo ser considerada como otra de las especialidades no troncales.

Para los especialistas microbiólogos de la Seimc, la homogeneización de la formación troncal común implicará que los conocimientos y habilidades de los especialistas sean "sustancialmente menores" en relación con el modelo actual, y por tanto el grado de complementación entre los miembros de los equipos multidisciplinares sea también menor.

Para Álvaro Pascual, presidente de la citada sociedad, el área de conocimiento de Microbiología y Parasitología "no posee competencias comunes, ni transversales y tiene muy pocos puntos en común con el de las demás disciplinas que se han integrado en el tronco de "Diagnóstico de Laboratorio", lo que, a su parecer, hace poco viable y eficiente desde el punto de vista de la formación, la organización de este tronco.

No obstante, aclara la sociedad médica, este hecho no está en oposición a la actual gestión del Laboratorio de Microbiología Clínica que se da en algunos hospitales españoles y que responde a una cuestión puramente organizativa.

"En el ámbito de Microbiología y Parasitología, el laboratorio es simplemente un espacio de trabajo, ya que los especialistas en microbiología tienen, además, unas funciones extralaboratorio dedicadas al estudio clínico de la infección, la orientación diagnóstica y terapéutica con implicaciones en Salud Pública que suponen una parte importante en su formación", argumenta la Seimc.

Asimismo, apunta la agrupación, a pesar de los argumentos esgrimidos por Sanidad en el proyecto del decreto, no existe consenso sobre la inclusión de dicha especialidad en el tronco de Laboratorio y Diagnóstico Clínico.

En cambio, finaliza, esta nueva organización de la especialidad implicaría la ampliación del periodo formativo a cinco años, lo que supondría un aumento de hasta un 30% de los costos totales de formación.