Según explica el Comité, tanto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, firmada y ratificada por España, como el reglamento de condiciones básicas de no discriminación en los procesos electorales aprobado por el Gobierno en la primavera pasada, "establecen el deber de que las campañas electorales sean accesibles para las personas con discapacidad".

"La accesibilidad de las campañas comprende que los recintos donde se realicen mítines y encuentros electorales no presenten barreras físicas ni de la comunicación para que las personas con discapacidad puedan acceder a esos espacios y a los contenidos", continúa.

Además, según señala el Cermi, "los partidos deben ofrecer en formatos accesibles, incluidos las páginas de Internet y los materiales audiovisuales, sus programas y propuestas electorales, así como la publicidad que realicen".