Según el Comité, España "ha firmado y ratificado la Convención de la ONU, lo que significa que todos los poderes y autoridades, incluidas las Comunidades Autónomas, están vinculados por la misma".

"La adaptación de la legislación y las políticas públicas a los principios, valores y mandatos del tratado internacional no es sólo una obligación del Gobierno central, es un deber de todas las instancias de poder del Estado parte, por lo que las Comunidades Autónomas, que poseen competencias transcendentales en materia de derechos e inclusión de las personas con discapacidad, han de darse por aludidas", explica el Cermi.

Asimismo considera que "es el momento de tomar conciencia de este deber y preparar en un clima de diálogo civil y democracia participativa una revisión de las leyes que afecten directa o indirectamente a las personas con discapacidad y a sus familias".