Así lo sostiene el informe ‘La propiedad privada en España. La necesidad de reconocer los derechos de propiedad en materia de vivienda. Índice de Derecho de Propiedad 2020’, presentado este lunes por el IEE.

En dicho estudio, el IEE denuncia también que limitar los precios “empeora la eficiencia en la asignación de recursos, dificultando en mayor medida el acceso a una vivienda en alquiler, en especial a los colectivos de menor renta a los que se pretende favorecer”.

De hecho, en el informe alerta de que actualmente existen algunas amenazas a los derechos de propiedad en la economía española, que se relacionan fundamentalmente con el ámbito de la vivienda.

De esta manera, además de advertir sobre la futura ley de vivienda que negocian el PSOE y Unidas Podemos, denuncia que los recientes decretos suponen “avanzar hacia una cierta legitimación o tolerancia social y jurídica de las ocupaciones de viviendas, un problema que vulnera la seguridad jurídica y la propiedad privada, y genera un efecto llamada y un incremento de los impagos en un contexto de ya elevada morosidad”.

Por ello, anticipa que “una de las consecuencias más directas será la restricción de la oferta de alquiler, sobre todo para los colectivos más vulnerables, ya que tanto los propietarios como las entidades financieras exigirán garantías adicionales incapaces de ser aportadas por parte de estos colectivos, y priorizarán individuos solventes ante los eventos de riesgo que amparan estas medidas”.

En la misma línea, el IEE critica también las expropiaciones temporales de vivienda como las realizadas recientemente en baleares. “Se trata de una medida muy desafortunada, más efectista que efectiva, porque es ineficaz, poco ágil y vulnera los derechos de propiedad, además de que introduce distorsiones en el mercado de la vivienda que contribuyen a perpetuar los problemas existentes”, denuncia el informe.

A este respecto, defiende que “la naturaleza del derecho de propiedad es incompatible con disociar de forma coactiva el uso y disfrute de un bien respecto a los deseos y voluntades de su legítimo propietario”.

Por último, concluye que “el problema de este tipo de medidas es que, al vulnerar la propiedad privada, generan incertidumbre e inseguridad jurídica, y pueden mermar permanentemente la confianza en el mercado, lo que hace que sus efectos negativos se extiendan incluso más allá de su vigencia”.

Así, pide implementar medidas que aborden “la verdadera causa del problema, que es la falta de oferta de vivienda en alquiler” como un marco regulatorio simple, estable y predecible, que aporte certidumbre y seguridad jurídica, y que no genere un tratamiento asimétrico entre el arrendador y el arrendatario.