Peña señaló que, “como es sabido, cualquier entidad pública o privada que resulte beneficiaria de fondos subvencionales públicos está obligada a justificar su adecuado empleo y utilización". En este contexto, apuntó, de acuerdo con la Ley General de Subvenciones, la Fundación Niemeyer "no es una excepción”.

Del mismo modo, el diputado aseguró que “todos los perceptores de subvenciones públicas están, por ley, obligados a justificar su uso y la debida aplicación de estos importes al fin de interés general que sirve de causa a su otorgamiento. El control compete, entre otros, al mismo gobierno que concedió la subvención, en nuestro caso, al Gobierno del Principado de Asturias por conducto de la Intervención General”.