En este sentido se pronunció Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, cuya asociación ha sido la que ha propiciado la sentencia sobre el castellano dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Caja dijo a Servimedia que es una "respuesta antidemocrática" la reacción que el Gobierno catalán está teniendo a esta resolución judicial, puesto que "una regla básica de la democracia es el cumplimiento de las sentencias, de lo contrario no existiría la separación de poderes y el poder político sería impune".

Por este motivo, el responsable de Convivencia Cívica señaló que "el no cumplir una sentencia judicial implica vulnerar las bases del Estado de derecho", por lo que actuar de esta forma puede considerarse "un golpe de estado blando".

“DE JUZGADO DE GUARDIA”

"Eso un golpe de Estado, no con tanques, pero es una actitud golpista", aseguró Caja, quien planteó que responsables del Gobierno catalán deberían ser procesados por desobedecer a la Justicia si no convierten el castellano en una de las lenguas vehiculares de la enseñanza en esta comunidad autónoma.

Por su parte, Marita Rodríguez, portavoz de la Asociación por la Tolerancia, dijo que la actuación de Mas es “de juzgado de guardia” y anunció que su colectivo está estudiando querellarse contra miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, hay ministros que "están animando a la Generalitat al desacato", puesto que respaldar una actuación ilegal es una medida "contraria al Estado de derecho".

Asimismo, Consuelo Santos, una madre que está batallando judicialmente para que sus hijos estudien en castellano en Cataluña, dijo a Servimedia que Mas no quiere restaurar el idioma español en la educación para salvar su "poltrona".

A su vez, José Antonio Ballestero, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considera que se volverá al "antiguo régimen", el que existía antes de la Revolución Francesa, si Mas no cumple la sentencia que obliga a que el castellano sea también lengua vehicular de la enseñanza catalana. Destacó que "en un Estado democrático y de derecho el sometimiento a la ley no es cuestionable".

Por último, el juez José Luis Requero, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sostuvo que perjudicará a la credibilidad de España que pueda no cumplirse la sentencia que obliga a introducir el castellano como lengua vehicular optativa de la enseñanza catalana.