Según el Estatut, le corresponde a la Generalitat establecer los límites y las condiciones para lograr los objetivos de estabilidad presupuestaria. De acuerdo con este ejercicio de la autonomía financiera, el Gobierno liga su compromiso al logro de sus objetivos de austeridad y saneamiento de las cuentas públicas, y con las exigencias derivadas del contexto europeo a nivel macroeconómico.

Una de las misiones de la futura ley que afectará el Texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, es racionalizar el marco presupuestario y conseguir captar fondo en las mejores condiciones.

Con esta memoria y la ley de estabilidad presupuestaria, el Govern quiere evitar perder la capacidad de financiación que tiene que servir para realizar las inversiones necesarias y garantizar los servicios básicos del Estado del bienestar.