El desalojo y derribo de esta edificación, que había sido reconstruida ilegalmente tras su demolición hace cuatro años, ha contado con la preceptiva autorización judicial, en la que se respalda plenamente la legalidad de la actuación del Ayuntamiento y se pone de relieve "el absoluto desprecio a las resoluciones administrativas y judiciales" del titular de la construcción, señalando expresamente que "la Administración ha hecho lo que debe".

La actuación municipal ha estado acompañada por un amplio dispositivo de atención de carácter social a disposición de la familia residente, que ha sido rechazado por los afectados. Este dispositivo, como es habitual en estos casos, ha incluido una Unidad Móvil de Asistencia del Samur Social y el ofrecimiento de un alojamiento temporal individualizado en sus propias instalaciones, por un periodo mínimo de 15 días, prorrogable en función de las circunstancias.

Al término de este recurso, los Servicios Sociales del distrito continúan, según el protocolo establecido, prestando atención social a la familia y facilitando, además, las gestiones para el acceso a la vivienda mediante sistemas normalizados, en el caso de que cumplan los requisitos exigidos para ello.

Según el Ayuntamiento, esta familia tiene un expediente social abierto en la Junta de Distrito y ha llegado a percibir en determinados momentos la Renta Mínima de Inserción.