En un comunicado, ambas organizaciones denunciaron la celebración de juicios injustos y el dictamen de condenas a muerte sin ninguna garantía.

El presidente del Gobierno Federal de Transición, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, declaró el pasado 13 de agosto el estado de excepción en zonas de Mogadiscio abandonadas por la milicia Al Shabaab, como el mercado de Bakara y varios campos de desplazados internos.

Ello incrementó el poder del tribunal militar, que según Amnistía y Human Rights Watch “funciona sin ninguna garantía”.

Entre otros aspectos, denunciaron la violación de derechos fundamentales como el de defensa o el de no declarar contra uno mismo, y aseguraron que se han dictado condenas a muerte sin respetar otras garantías necesarias en estos casos, como el derecho de apelación o de solicitud de indulto.

Asimismo criticaron que este órgano ejerce jurisdicción sobre la población civil, práctica totalmente contraria a derecho y cuyo fin exigieron al gobierno de transición.

“Condenamos también las ejecuciones públicas de Al Shabaab a opositores y personas acusadas de infringir la sharia (ley islámica)”, reiteraron las dos.

Ello no obsta para que el gobierno de transición avance en la defensa de los derechos humanos y cumpla su compromiso de suspender las ejecuciones, concluyeron.