En una nota de prensa, Famma precisó que "en el caso de las deficiencias de la salud con las que tiene que vivir una persona con discapacidad, hay una supuesta preocupación por la integración social y la adecuación del ciclo vital en su conjunto, pero el estado de bienestar social del colectivo hace aguas a nivel local".

Esta federación suspende al 85% de los municipios en materia de accesibilidad. Según su presidente, Javier Font, "la normativa de eliminación de barreras no se aplica y es la gran desconocida de los servicios técnicos de inspección y control municipal".

Font añadió que, así, "nos podemos encontrar con que hay alcaldes que contestan que no existen plazas de aparcamiento para personas con discapacidad al no haber problemas de aparcamiento en su municipio o porque las personas con discapacidad no las han reclamado".

El presidente de Famma considera que "la absoluta falta de información estadística o social sobre el número de personas con discapacidad que habitan en determinados municipios hace que estas personas, a efectos prácticos de ayudas, formación o subvenciones, están actualmente ignoradas, situación que les impide acceder a todos los beneficios que nuestra sociedad genera en pro de este colectivo".

Para Font, "tanto la Comunidad como los municipios deberían dedicar algún tiempo en trasladarse la información sobre quién, cuántos y en qué condiciones están las personas con discapacidad que viven en los municipios para poder aplicar todos los beneficios derivados por las leyes y la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que el Estado español firmó allá por mayo de 2008 y apoyó la Comunidad de Madrid".