Así lo expuso Fernández Marugán en respuesta a la queja presentada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ante esta institución como consecuencia de la situación actual de la demanda del servicio en la capital y la falta de actuación del Ayuntamiento en este sentido.

En su escrito, el Defensor del Pueblo considera “plenamente justificadas” las alegaciones presentadas por la FPTM en las que solicita “algún tipo de medida extraordinaria que contribuya a corregir el exceso de oferta en el sector del taxi”. Y es que, tal y como expone Marugán, “el servicio del taxi está dimensionado para atender la demanda de usuarios que refleja una situación anterior a la pandemia”.

Además, ante las alegaciones presentadas por el propio Ayuntamiento, en las que afirma no disponer de datos que avalen el descenso de la demanda que defiende la FPTM, el Defensor del Pueblo recuerda que “está acreditado por parte de las asociaciones del sector que han presentado evidencias de la drástica reducción de la demanda hasta en doce ocasiones, incluso a través de un informe elaborado por una consultora especializada”.

En cualquier caso, Fernández Marugán insiste en su escrito en que, “de no contar con la información suficiente y albergar alguna duda, el Ayuntamiento puede y debe obtener por sí mismo la información que resulte necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que el taxi es un servicio de titularidad pública municipal”.

En relación a las dificultades que alega el consistorio para adoptar medidas extraordinarias que regulen temporalmente la oferta, Fernández Marugán le remite al artículo 38 de la Ordenanza del Taxi de la capital, que especifica que “el órgano municipal competente, teniendo en cuenta la movilidad y fluidez del tráfico, la protección del medio ambiente, la evolución del sector del taxi y para adecuar la oferta y la demanda", podrá establecer la duración máxima de prestación del servicio entre las 6.00 horas y las 6.00 horas del día siguiente.

Por último, sobre la posibilidad de autorregulación del sector sugerida por el Ayuntamiento, el Defensor del Pueblo determina que se trataría de una medida “ineficaz, que difícilmente daría lugar a una norma de obligado cumplimiento y que generaría incentivos para quienes decidieran no cumplirla, al beneficiarse de la reducción de la oferta; sin olvidar que una medida así podría ser fuente de conflictos internos e incluso dar lugar a reproches o sanciones de la autoridad de competencia”.

Por su parte, el presidente de la FPTM, Julio Sanz, celebró esta resolución y manifestó su deseo de que “sirva al Ayuntamiento de Martínez-Almeida para recapacitar y tener en cuenta de una vez a un sector clave en la ciudad, que ha estado presente en los momentos más difíciles y que, sin ayudas en este momento, difícilmente superará la crisis que atraviesa como consecuencia de la Covid-19”.