Dicho artículo señala que “cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial” que afecte al Título Preliminar, a los derechos y deberes fundamentales o la Corona, “se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes”.

También dice la Carta Magna que “las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras”.

Una vez “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación”, concluye la Constitución al respecto.

Para IU-ICV, la reforma planteada por el PSOE y el PP supone una “modificación encubierta” del artículo 1.1, recogido en el Título Preliminar de la Constitución y que establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Con la modificación pactada entre el PSOE y el PP, añaden IU-ICV, “el nuevo valor supremo” constitucional será “la prioridad absoluta al pago de los intereses y la deuda pública”. “El cambio constitucional supone, en consecuencia, un drástico cambio en la definición de nuestro Estado como ‘social’, pasando a ser un Estado rehén de las condiciones que ‘el mercado’ vaya imponiendo para la financiación de las necesidades presupuestarias”, alegan.

FRAUDE

Además, critican que la reforma se tramite por el procedimiento de lectura única, de urgencia y con una “reducción extraordinaria” de los plazos establecidos en el Reglamento del Congreso de los Diputados.

Para IU-ICV, “pasar de los 15 días de plazo ordinario para formular las enmiendas a 48 horas implica una burla a los trámites parlamentarios y un claro fraude de ley que pretenden evitar las garantías contenidas” en la Carta Magna y en el Reglamento de la Cámara Baja.

Con este escrito, IU-ICV agota la vía parlamentaria en contra de la reforma de la Carta Magna y no descarta acudir al Tribunal Constitucional.