Campo se refirió a esta cuestión al inaugurar esta mañana el I Congreso de Infancia y Adolescencia, que ha organizado el Colegio de Abogados de Madrid. En este acto de apertura estuvieron también la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En su intervención, Campo aludió a que actualmente se está tramitando en el Congreso el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, que abordará los casos en los que hay afectados menores y que acaban llegando a los tribunales.

Sin embargo, el ministro se refirió a que hay que “minimizar en todo lo posible el sufrimiento” de los niños y que a eso ayudaría que la mayoría de los conflictos familiares en los que hay implicados menores no acabasen en manos de los jueces, sino que se resolviesen antes.

“GESTIONAR EL CONFLICTO”

Indicó que a ello puede ayudar el requisito de procedibilidad previsto en el anteproyecto de Ley de Medida de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que puede propiciar “que sólo unos pocos asuntos de familia lleguen a los tribunales”, donde acabarían sólo los casos “para los que la jurisdicción sea el sistema adecuado”.

Destacó que este proyecto incluye los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que pretende ser una herramienta para gestionar las diferencias familiares sin llegar a los tribunales.

“Ello significará”, incidió el ministro, “que hemos sido capaces de devolver a las familias su capacidad para algo que nunca debió salir de ahí: gestionar el conflicto, un conflicto que nadie como ellas conocen y nadie como ellas pueden solucionar en beneficio”.

Por su parte, Delgado se refirió a que el 'grooming', el acoso a menores y el 'ciberbullying' son una “realidad” frente a la cual la Fiscalía se está “involucrando” y “especializando”. Al mismo tiempo, destacó la importancia de “garantizar el derecho de los menores a ser oídos en todos los procedimiento”.

A su vez, Almeida, que es abogado del Estado de profesión, habló de la necesidad de afrontar una “creciente especialización en el orden jurisdiccional civil” respecto a los menores, de forma que se pueda “dar una respuesta jurídica y judicial adecuada y satisfactoria” al “interés superior” de los niños.