El propio Bono se dirigió a los diputados antes de levantar la sesión en la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso incluir en la Constitución el límite de déficit y de endeudamiento del Estado.

Los grupos deben presentar una proposición de ley para ser calificada por la Mesa del Congreso y empezar su tramitación, urgente y en lectura única, para que pueda ser aprobada antes de finalizar la legislatura.

Si lo hacen, la previsión de Bono es convocar una sesión extraordinaria del Pleno el 30 de agosto, en la que se tomaría en consideración la propuesta de ley.

Dos días después, el jueves, en una sesión ya ordinaria por haber comenzado el mes de septiembre, el pleno del Congreso aprobaría la proposición y la enviaría al Senado, de donde debería regresar la semana siguiente para su aprobación definitiva.

Tramitarla con urgencia y en lectura única implica eliminar los pasos de ponencia y comisión, y sólo habría referéndum si lo piden, en los quince días posteriores a la aprobación, el 10% de los miembros de alguna de las dos cámaras.

Para ello, sería necesario que hubiese alguna fuga en las filas del PSOE o del PP. Los dos partidos mayoritarios suman 321 de los 350 diputados del Congreso, donde harían falta 35 parlamentarios para solicitar el referéndum.

La situación es parecida en el Senado, aunque un poco más ajustada. PSOE y PP suman 236 de 260 parlamentarios, por lo que se necesaría que se juntasen 26 senadores para obligar a celebrar un referéndum.