Así consta en una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor mañana.

La finalidad de esta resolución "no es otra que evitar actuaciones recaudatorias que presupongan un nulo provecho para la Hacienda Pública o para el cumplimiento de los fines encomendados a la Administración Pública", se explica en el texto.

Éste es el caso, agregan, de las liquidaciones "cuya exacción genera unos costes superiores a los recursos que potencialmente pudieran derivarse de aquellas".