Así lo explicaron a Servimedia fuentes parlamentarias, tras destacar “el importante trabajo para llegar a acuerdos” llevado a cabo por parte de los diputados durante las reuniones de la ponencia a puerta cerrada.

Según estas fuentes, “ha existido muy buena sintonía durante este proceso”, por lo que “prácticamente todos los grupos” apoyarán el martes el informe acordado. Dado que la comisión tiene competencia legislativa plena en este asunto, la aprobación del proyecto de ley significará su paso al Senado, donde continuará el trámite parlamentario.

Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la reforma busca acabar con la incapacitación jurídica de las personas y sustituirla por un sistema de apoyos individualizados para que estas puedan tomar sus propias decisiones de forma autónoma.

Se trata de una demanda histórica del movimiento de la discapacidad para adaptar la legislación española (el Código Civil, la Ley Hipotecaria, la del Notariado, la legislación procesal…) a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Entre otros puntos, implica poner fin a la figura de la tutela, que supone la sustitución total de la voluntad jurídica de la persona incapacitada. En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionarle las ayudas que precise para que esta pueda llevar a cabo actos jurídicos tan variados como casarse, adquirir un inmueble o hacer testamento.

MEJORAS

El dictamen sobre el que la Comisión de Justicia deberá pronunciarse el martes incluye varias modificaciones al texto original del proyecto de ley, fruto de las transaccionales acordadas por los grupos a partir del gran número de enmiendas presentadas.

“Hemos trabajado mucho para conseguir ponernos de acuerdo y mejorar el texto”, apuntan desde el PSOE. Algunas de estas modificaciones tienen que ver con “una mejor regulación de las medidas de apoyo voluntarias” y de los ajustes y ayudas para garantizar la accesibilidad universal en todos los procesos.

Dichas previsiones ya estaban recogidas en el texto inicial,pero expertos y distintas organizaciones del sector de la discapacidad habían solicitado una redacción más explícita. Así, las medidas voluntarias (que la persona necesitada de apoyo puede acordar libremente con la autoridad sin que esta tenga que imponérselas) gozarán de mayor protección, en especial para evitar “intromisiones indebidas”.

También las personas con discapacidad visual, física, auditiva o cognitiva tendrán aseguradas los ajustes y ayudas que requieran para acceder a los procesos judiciales. Se refiere tanto a la accesibilidad física de un juzgado como a la disponibilidad de documentos en braille, pero también a facilitar los apoyos precisos para que una persona pueda explicitar su voluntad o prestar testimonio.

Otras enmiendas introducidas en el proyecto de ley suponen el fin de la figura de la prodigalidad (dilapidación negligente y continuada del patrimonio) como motivo de incapacitación, y la adscripción voluntaria ( y no obligatoria) de los actos jurídicos de las personas con apoyos en un libro blanco en el Registro de la Propiedad.

Una vez en el Senado, se abrirá un nuevo plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley. Si a su paso por la Cámara Alta se incorporan nuevas modificaciones, el texto deberá volver al Congreso para ser ratificado. De lo contrario, podría aprobarse de forma definitiva.