Así lo anunció el CCU en un comunicado en el que agregó que dicha campaña, lanzada coincidiendo con la conmemoración, el lunes 15 de marzo, del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, persigue “concienciar” ante esos riesgos de pérdida de derechos a los que éste se enfrenta por la crisis derivada de la Covid-19.

Para este organismo, la pandemia ha supuesto un “reto social y sanitario de primer orden” al tiempo que ha “agravado” los problemas ya existentes en este ámbito, entre los que citó las dificultades para acceder a suministros básicos como luz, agua, gas e Internet.

Junto a ello, consideró que la “aceleración” del desarrollo del comercio electrónico ha puesto al descubierto también “graves problemas” de falta de protección y “vulneración” de los derechos de los consumidores y usuarios, relacionados con los términos y condiciones de las compras en línea.

En este sentido, se refirió a la entrega de productos fuera de plazo; “indeterminación” del operador responsable; problemas de privacidad; venta de productos no seguros, falsificaciones y “productos milagro”; proliferación de fraudes y estafas, reducción de los estándares de sostenibilidad de los productos y dificultades para reclamar así como al “auge” de bulos y noticias falsas que afectan a ofertas de consumo esencial como por ejemplo la alimentación, si bien la “vulneración manifiesta y generalizada” de derechos de las personas usuarias “se deja ver especialmente”, a su juicio, por parte de las aerolíneas en casos de cancelación de vuelos o imposibilidad de viajar.

En paralelo, denunció las discriminaciones tarifarias y exclusión de seguros de vida y enfermedad que sufren quienes han pasado la enfermedad y que se unen a las que los consumidores “venían sufriendo” en este sector en caso de haber padecido, con anterioridad a la contratación del seguro, una enfermedad grave.

CONSUMIDOR VULNERABLE

El Consejo valoró “positivamente” las medidas adoptadas por la administración para asegurar la continuidad en el acceso a los servicios básicos durante la crisis de la Covid-19, o el impulso por parte del Ministerio de Consumo de la figura de la “persona consumidora vulnerable”.

Sin embargo, estimó necesario mejorar la protección a las personas consumidoras vulnerables en la llamada España ‘vaciada’, facilitándoles el acceso a prestaciones básicas como una conexión a Internet “fiable y de calidad”, o a la atención presencial a través de oficinas bancarias de proximidad y llamó a aprobar de manera “urgente” una Ley de Servicios de Atención al Cliente que dote de protección integral a los consumidores y usuarios y fije estándares homogéneos de eficacia y calidad para las compañías.

“La mala calidad de los servicios, el retraso y la ineficacia en la resolución de las quejas y reclamaciones disuaden a algunos consumidores de ejercer sus derechos, desvirtuando el mapa de satisfacción real sobre los servicios prestados o los bienes recibidos, o bien dan lugar a procedimientos judiciales innecesarios que deberían solucionarse por otras vías”, sentenció.

A este respecto, exigió reforzar los marcos regulatorios de protección de los consumidores y su aplicación efectiva a las reclamaciones judiciales, extrajudiciales o administrativas asegurando, entre otras cuestiones, la reparación íntegra de los daños, la regulación eficaz de las acciones colectivas o la sanción de conductas graves.