El cadáver de un ejemplar adulto de lobo ibérico ha sido hallado recientemente en el municipio leonés de Boca de Huérgano. Se localizó al animal tras los rumores sobre la muerte de un lobo en plena época de cría de la especie y fuera de las medidas de control establecidas en el plan de gestión del lobo de la Junta de Castilla y León. Al animal, en avanzado estado de descomposición, le habían cortado la cabeza.

Este caso se suma al de otro lobo adulto que apareció flotando esta primavera en aguas del pantano de Riaño, igualmente decapitado y con orificios de bala, situación muy similar a otras denunciadas con anterioridad en la zona.

El cupo de lobos que se permite matar anualmente en las reservas de caza de Riaño y Mampodre supone en torno al 13 por ciento de los permisos que se conceden en Castilla y León. Pero en ese mismo territorio, que apenas supone el 2,3 por ciento de la superficie regional, se mata un promedio anual del 33 por ciento del conjunto de lobos abatidos legalmente en toda la Comunidad, lo que da una idea de la magnitud de su persecución.

Por este motivo, estos colectivos alertan de que “esta persecución puede desestructurar los grupos familiares de lobo, que sufren todos los años bajas en sus individuos reproductores, con consecuencias que nunca son evaluadas por nuestros gestores”.

Del mismo modo, indican que “la importancia ecológica del lobo en los ecosistemas no tiene parangón.” Recientemente, un trabajo publicado en la revista Science alertaba sobre los efectos adversos de la pérdida y declive de los grandes depredadores en los ecosistemas y se incidía en que este trágico balance puede ser una de las influencias más negativas de la humanidad sobre la biodiversidad, junto con el cambio climático.

Desde Ascel, Gedemol y Ecologistas en Acción, realizan “un llamamiento sobre la pésima gestión del lobo en el Parque Regional de Picos de Europa, un espacio natural protegido donde esta especie es perseguida sistemáticamente, y donde estos casos recurrentes y que llegan a ser públicos son tan solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en este espacio natural”. Así, piden a las autoridades competentes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia de León y de la Junta de Castilla y León que investiguen estos casos y depuren responsabilidades en virtud de la legislación vigente.

También piden a la Junta de Castilla y León “que realice un censo regional sobre la especie, que pese a ser un requisito legal contemplado en el plan de gestión, hace 10 años que no se lleva a cabo”.