Según Galván, esta primera jornada de cierre "están abiertas todas las farmacias de guardia", y "trabajan normalmente". En su opinión, estos datos muestran que "la mayoría de los farmacéuticos han dado prioridad a la atención a los ciudadanos y han dejado para otro escenario el hablar de los problemas económicos".

Según recuerda la Consejería de Sanidad, cerrar unilateralmente las oficinas de farmacia está contemplado en el reglamento como una falta grave y acarrea sanciones que pueden oscilar entre los 3.000 y los 15.000 euros.

"Añaden una posible sanción económica a una situación precaria, obligándonos a levantar expedientes, porque estamos en la obligación de aplicar la legislación", añadió el viceconsejero.

Finalmente, Galván aseguró que su gobierno "pagará todas y cada una de las recetas expedidas por los profesionales sanitarios".