El director general del CICR, Yves Daccord, afirmó que "la violencia contra las instalaciones sanitarias y el personal médico tiene que acabar. Es una cuestión de vida o muerte".

"El coste humano es abrumador: muchos civiles y combatientes mueren a consecuencia de sus heridas simplemente porque se les impide recibir atención médica a tiempo", añadió.

Según Robin Coupland, que dirigió el estudio, llevado a cabo en 16 países, millones de personas se podrían salvar si se respetara mejor la prestación de la asistencia médica.

"La conclusión más impactante es que un gran número de personas mueren no porque sean víctimas directas de un tiroteo o de la explosión de una bomba colocada en una carretera, sino porque la ambulancia no llega a tiempo, porque al personal sanitario se le impide realizar su trabajo, porque los hospitales son el blanco de los ataques o simplemente porque el entorno es demasiado peligroso para prestar asistencia médica", explicó.

Daccord insistió en que la violencia que impide prestar asistencia médica es "una de las tragedias humanitarias más urgentes y, al mismo tiempo, ignoradas de la actualidad".

"Hospitales en Sri Lanka y Somalia bombardeados, ambulancias en Libia tiroteadas, paramédicos en Colombia asesinados, personas heridas en Afganistán que languidecen durante horas en vehículos que hacen cola frente a los puestos de control. Es un problema que arrastramos desde hace años y que tiene que acabar", enumeró.

Cruz Roja recordó que los ataques deliberados al personal, las instalaciones y el transporte sanitarios, así como a los heridos y enfermos, violan el derecho internacional.

De hecho, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales establecen el derecho de los heridos y enfermos (combatientes y civiles) a ser respetados y protegidos durante los conflictos armados y a recibir atención sanitaria de manera oportuna.