En una nota de prensa, Adigital lamenta que, “por el momento en que nos encontramos, es más necesario que nunca dotar de seguridad jurídica a las empresas digitales e impulsar la digitalización empresarial, pero el planteamiento de esta normativa consigue todo lo contrario”.

Según esta asociación, en el caso de las plataformas digitales de reparto, se debe tener en cuenta que conviven en nuestro país varios modelos y que por eso es “aún más necesario promover una regulación inteligente y flexible, capaz de ofrecer mayor protección a los trabajadores sin convertirse en una barrera para la innovación y la competitividad de nuestra economía”.

“Esta norma solo generará incertidumbre en el sector”, advierte Adigital, que lamenta que “esto es todavía más determinante en un momento de recesión como el actual en el que la digitalización ha probado ser clave para la supervivencia de muchos negocios”.

De hecho, alerta de que una regulación de este tipo no solo afecta a las plataformas digitales que operan bajo un modelo de colaboradores autónomos, sino a todas las empresas cuya actividad ha pasado a depender o se ha visto impulsada en mayor o menor medida por ellas, como ha sucedido en el caso de numerosos restaurantes y comercios minoristas.

Por otro lado, denuncia que la inseguridad jurídica derivada de esta norma está también relacionada con la propuesta de que estas empresas tengan que desvelar sus algoritmos, lo que vulnera el secreto comercial y la propiedad intelectual de las empresas.

Por todo ello, espera que durante el proceso de elaboración de la norma “se pueda trabajar para evitar este daño irreversible a un sector en pleno desarrollo y que está contribuyendo a la economía española y proporcionando un servicio de gran valor”.

“Es fundamental que España se sume al debate internacional sobre la regulación del trabajo en plataformas en lugar de regular unilateralmente la cuestión, discriminando un modelo empresarial concreto”, prosigue Adigital.

Por último, se ofrece a trabajar, junto a las administraciones públicas, las empresas y el resto de actores implicados, en el diseño de “una regulación inteligente y moderna, adaptada al siglo XXI, que proteja al trabajador, sin frenar la innovación ni la transformación económica y social de nuestro país”.