“Las administraciones públicas arrastran desde hace años los mismos déficits estructurales, agudizados con la pandemia: falta de personal, inversiones, precariedad laboral”, ha denunciado el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

Como ejemplo ha apuntado el ataque informático sufrido por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) esta semana, refiriendo que sus empleados tienen una antigüedad media de 30 años y exigiendo una oferta de empleo público específica para el organismo, así como “una mejora” de la relación de puestos de trabajo.

Entre sus demandas, ha trasladado a Iceta el cumplimiento de “los puntos pendientes de los acuerdos de 2017 y 2018”, en cuando a aspectos como fijar la jornada laboral de 35 horas, el desarrollo de los planes de Igualdad y del Teletrabajo y en materia de jubilación parcial de determinados colectivos cuya actividad sea especialmente gravosa a partir de los 60 años.

También ha exigido “acabar con la alta tasa de temporalidad”, actualmente situada en el 30% en las administraciones públicas, “casi diez puntos por encima del sector privado”. Para atajarla ha propuesto cambios legislativos que fijen aquellas situaciones de contratación temporal que se consideran en abuso y fraude de ley y establecer medidas sancionadoras civiles, penales y disciplinarias para las administraciones responsables.

En cuanto a refuerzos de equipos ha pedido eliminar la tasa de reposición, crear 289.235 puestos de trabajo en la Sanidad en tres años y 106.392 en el resto de los ámbitos; recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 para los empleados públicos y acabar con las diferencias retributivas entre administraciones públicas, entre otras medidas.