En un encuentro sobre la 'Visión territorial de la asistencia personal' organizado por Predif en la agencia de noticias Servimedia indicaron que existen grandes diferencias en cuanto a los perfiles de personas que se pueden beneficiar de dicho servicio, la intensidad con que se presta y las incompatibilidades con otras prestaciones dentro del catálogo de la Ley de Dependencia.

Según el presidente de Codisa Predif Andalucía, Antonio Hermoso, “necesitamos una homogeneización” en cuanto a la edad de los usuarios (en muchas regiones, los menores y los mayores de 65 años están excluidos), el tipo de actividad para el que se concede la prestación (se suele limitar al trabajo y al estudio), el número de horas concedidas, la financiación otorgada, y la formación que se exige a los asistentes personales.

En su opinión, “hace falta una legislación estatal de mínimos, para evitar que una posibilidad que ha generado tantas expectativas se deteriore por malas interpretaciones”. Junto a esta, reclamó “un presupuesto suficiente”, puesto que “no solo vale con la ilusión”.

La misma idea defendió el presidente de ECOM Cataluña, Antonio Guillén, tras destacar que , “en el fondo, lo que los distintos criterios ocultan son recortes presupuestarios”. “Si limitas la edad, por ejemplo, estás dejando a mucha gente fuera”, explicó, y lo mismo ocurre si les haces elegir entre residencia y asistente personal.

Manifestó que “los políticos tienen aún que perderle el miedo a la asistencia personal porque ni se imaginan lo que es en realidad ni para quién es”. En ECOM “les hemos mostrado experiencias para que vean quiénes se benefician de esta prestación, para que vean cómo hay personas que, sin un asistente, no pueden salir de su casa ni moverse de la cama.

Es que cuando plantean que un niño no tiene derecho (a la asistencia personal), no saben ni de qué están hablando”, relató.

Castilla y León es una de las comunidades autónomas donde más se ha desarrollado esta prestación. “No hay límite en la edad y han desaparecido casi todas las incompatibilidades”, explicó Ruth Álvarez, coordinadora de Predif Castilla y León.

Con todo, admitió que “falta una regulación estatal para fijar unos criterios comunes”, porque “no es “ni lógico ni justo” que una persona con gran dependencia tenga derecho a unos servicios tan importantes para su vida según donde viva”.

Para la presidenta de Predif Comunidad Valenciana, Teresa Navarro, “es una necesidad imperiosa que cualquier persona que la estime oportuna pueda solicitar” la asistencia personal.

Destacó que esta región ha avanzado mucho en os últimos años, tras una década sin ni siquiera ponerla en práctica. “Se ha aprobado la asistencia personal para los menores”, explicó, pero “aún se atiende a muy pocas personas (53), por presupuesto ”.

FUENTE DE EMPLEO

A su juicio, un paso clave para generalizar esta figura es una regulación a nivel laboral, que facilite la contratación y “acabe con la excesiva burocracia” a la que ahora obligan a las personas con dependencia que quieran acogerse a ella”.

Señaló que, en la actualidad, los asistentes personales deben darse de alta como autónomos y “con la escasez de las cuantías (que se conceden para su contratación) a casi nadie le merece la pena”. El resultado es que muchos terminan contratados en categorías laborales que no les corresponden. Navarro reclamó, por ello, “unas condiciones laborales dignas” que en su opinión se conseguirían con la regulación estatal.

Por su parte, el presidente de Aspaym Madrid, Valentín Fernández, insistió en esta línea, y consideró que ello ayudaría a la creación de puestos de trabajo. “En Madrid tenemos una bolsa de empleo de asistentes y son muchos los currículos que nos llegan”, explicó. No obstante, señaló que, por norma, son las propias personas con discapacidad quienes eligen a su asistente, aunque las entidades actúan como intermediarias. “Luego están quienes deciden contratar por su cuenta, fuera del sistema de atención a la dependencia”, agregó.

Para Antonio Guillén, “si existen buenas condiciones laborales, habrá más personas que se interesen por los trabajos”, con lo que defendió la necesidad de un contrato estándar a nivel nacional.

También Antonio Hermoso subrayó “la vertiente del empleo”, que puede resultar “muy beneficiosa para las propias personas con discapacidad”. En Predif Andalucía “tenemos experiencias de personas con discapacidad que han logrado un desarrollo profesional muy pleno como asistentes de otras”, subrayó.

MISMA FORMACIÓN

Finalmente, Álvarez se refirió a la necesidad de “homogeneizar la formación” que se exige a los asistentes personales. “En Castilla y León estamos apostando por las 50 horas”, que es la propuesta a nivel nacional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

En su opinión, “el grueso de la formación debe impartirla la propia persona dependiente, pues cada una tiene unas necesidades distintas”.

Tanto Álvarez como Navarro defendieron que esta prestación, "que es la que realmente permite llevar una vida independiente y autónoma las personas, debe concederse para cualquier tipo de discapacidad y sin limitaciones de edad, puesto que no desarrollarla supone una vulneración de sus derechos fundamentales”.