El Cermi propone como primera medida la incorporación de candidatos y candidatas con discapacidad en las listas electorales que presenten las formaciones políticas, "lo que potenciaría el diálogo civil y la participación efectiva en las políticas públicas del movimiento asociativo".

También pide que las legislaciones, las políticas y la acción pública avancen “significativamente” hacia la accesibilidad universal, y hacia un enfoque desde el punto de vista de los derechos humanos al mismo tiempo que inclusivo de la discapacidad, plasmado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Otra propuesta que plantea el Cermi es la aprobación de una nueva Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, "que siente nuevas bases para la empleabilidad y activación de este grupo".

Además, solicita que se dé respuesta a las necesidades sociales de las personas con discapacidad, en clave de derechos, para lo que pide la promulgación de una Ley de Garantía de Derechos y Servicios Sociales.

Por otro lado, destaca la necesidad de contar con un nuevo marco normativo, de apoyos y fiscal "más favorecedor", ante los efectos de la crisis, en la sostenibilidad económica del sector asociativo de la discapacidad y, en general, de todo el Tercer Sector Social. Por ello, señala como "una gran demanda" para la próxima legislatura la aprobación de una Ley de Promoción del Tercer Sector Social, "de la que España carece".

También solicita la coordinación socio-sanitaria, que, según afirma, "hoy no existe", y políticas específicas para las personas con discapacidad en situación de exclusión social dentro de su propio grupo, para las familias de personas con discapacidad o para la discapacidad sobrevenida.

Por último, el Cermi propone que, al igual que la Unión Europea, "España debería contar con una Estrategia Española de la Discapacidad 2010-2020, en la que se fijasen los objetivos, los recursos y el calendario de toda la acción pública en materia de discapacidad hasta el año 2020".