Buenaventura indica en su iniciativa que el actual candidato aprobó como miembro del Gobierno "la reforma laboral del despido más barato, las reformas fiscales de regalos a los ricos, la congelación de las pensiones, drásticos recortes en gasto social, el recorte de sueldos de los empleados públicos y el rescate al sector financiero sin ninguna contraprestación o exigencia".

Además, agrega, es diputado desde 1993 y "ha votado en reiteradas ocasiones en contra" de medidas que ahora propone como candidato con el argumento de que entonces "no era el momento adecuado" pero en la próxima legislatura sí se podrían emprender.

Por todo ello, dada la "facilidad" del Gobierno para echar mano del real decreto y dado el derecho de los electores a saber "quién apoya realmente cada iniciativa" a la hora de votarlas y no sólo en mítines, ICV reclama que algunas de esas medidas se desarrollen "con urgencia".

Por ejemplo, la creación de una tasa estatal sobre los depósitos bancarios o la recuperación del Impuesto de Patrimonio para grandes fortunas.

También un plan de lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, para lo cual propone crear un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda basado en el reconocimiento y en la ampliación de funciones contra el fraude y la economía sumergida.

Plantea asimismo gravar movimientos de fondos con paraísos fiscales en la normativa del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, y no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en esos paraísos para intervenir en el tráfico mercantil español.

ICV sugiere también prohibir a las entidades españolas tener filiales o sucursales en paraísos fiscales, salvo que proporcionen a la Administración Tributaria la misma información que sobre las operaciones en territorio nacional y, en concreto, que estén obligadas a identificar a los clientes de esas sucursales.

En ese mismo sentido, propone agravar las penas del Código Penal y de la Ley General Tributaria cuando el fraude se comete a través de la utilización de paraísos fiscales.

Considera necesario, asimismo, someter las sociedades de inversión de capital variable (sicav) al control de la Agencia Tributaria, y establecer un límite máximo de participación en ellas tomando como referencia los límites del capital máximo fijado en sus respectivos estatutos.

ICV incluye en su iniciativa "blindar la imposibilidad de que se aplique ningún mecanismo de copago sanitario" y que se impulse como prioridad en los foros multilaterales la implantación de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales.

Propone, finalmente, que el acceso a los recursos del Frob se condicione a la no realización de desahucios por ejecución hipotecaria; a un proceso de adquisición de activos financieros en mano de los bancos y cajas para crear un parque público de vivienda; a garantizar la llegada del crédito a pymes y autónomos; y a acabar con productos, cláusulas y condiciones abusivas.