Así se expresa la OCU en una nota de prensa, en la que muestra su preocupación por el incremento de los casos de ocupación aunque considera que “no son tan habituales como pudiera parecer”. Además, advierte de que este fenómeno “no parece que vaya a disminuir justo ahora, coincidiendo con la crisis económica”.

De hecho, señala que el número de propietarios que contratan los servicios de una empresa de seguridad para sus segundas residencias no hace sino aumentar pese a que no es un servicio barato, ya que cuesta entre 35 y 75 euros al mes.

En cuanto a las medidas cautelares, explica que cuando la ocupación se consuma, el propietario debe denunciarlo lo antes posible, solicitando expresamente la medida cautelar de desalojo.

Para facilitar la decisión del juez, la denuncia debe acompañarse del título de propiedad del inmueble, de documentos que prueben las cargas que soporta (una hipoteca, por ejemplo) y de un escrito que describa el uso que pretende darle, así como de las circunstancias de la ocupación.

En cualquier caso, recuerda que como consecuencia de la Covid-19, se han aprobado medidas que pueden suponer una suspensión del desahucio hasta, al menos, el final del estado de alarma, lo que puede alargar aún más el proceso para recuperar el inmueble.

Por último, lamenta que “el creciente recurso a empresas especializadas de desocupación, con tarifas cercanas a los 3.000 euros, viene a demostrar la escasa eficacia de las actuales medidas legales y de su aplicación práctica en este ámbito”. “Una señal evidente de que la ley no defiende al propietario legítimo con la rapidez y eficacia que debería”, concluye.